Redacción Farmacosalud.com

El documento de conclusiones del XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, evento celebrado en Madrid, evidencia que la responsabilidad veterinaria ya ‘se acerca a la humana en términos de exigencia (consentimiento informado, historia clínica), aunque con indemnizaciones aún menores’. Es por ello que, según el dossier, la profesión veterinaria 'debe adoptar los estándares de documentación de la medicina humana (historia clínica exhaustiva, consentimiento informado escrito y específico) para protegerse legalmente ante el aumento de reclamaciones y la nueva sensibilidad social hacia los animales’. De hecho, las aseguradoras están notando, en términos de responsabilidad civil y daño moral, ‘un aumento de reclamaciones debido al vínculo emocional con las mascotas’, de tal modo que ‘se empieza a indemnizar el daño moral por la muerte del animal’, si bien ‘faltan baremos específicos’.

Así las cosas, ‘la falta de una historia clínica completa y de un consentimiento informado detallado (y no genérico) es la principal causa de condena o acuerdo desfavorable para el veterinario’, se lee en el manual. Es más, de acuerdo con lo abordado en la Mesa Redonda ‘Claves jurídicas y periciales de la práctica veterinaria’, la complejidad técnica de este tipo de casos ‘exige peritos veterinarios altamente cualificados que aporten objetividad al juez, evitando valoraciones retrospectivas ("sesgo del resultado") y defendiendo la lex artis* aplicada al caso concreto’

*(Nota del redactor) lex artis: conjunto de reglas técnicas a que ha de ajustarse la actuación de un profesional en ejercicio de su arte u oficio

Necesidad de regular la digitalización en el ámbito de la salud visual
En la cita congresual se han abordado, asimismo, los ‘problemas legales y deontológicos en el ejercicio telemático de la optometría’. Bajo este título, tuvo lugar una Mesa Redonda en la que se analizó ‘el impacto de la digitalización en la salud visual, diferenciando entre herramientas útiles y prácticas peligrosas’. En dicha sesión ‘se denunciaron modelos de negocio "low cost" (gafas a 9€ con graduación en 5 minutos) que banalizan el acto sanitario y omiten patologías graves (glaucoma, cataratas) que la tecnología remota no detecta’, al tiempo que ‘se abogó por una regulación futura que garantice la "presencia humana" indispensable en actos clínicos complejos’.

En esta línea, el documento reivindica la ‘presencialidad como garantía: la normativa actual y la lex artis exigen la presencia física del óptico-optometrista para garantizar una refracción correcta; cualquier modelo que elimine al profesional del proceso es contrario a la ética y a la seguridad del paciente’. Además, se destaca la necesidad de establecer una regulación, por cuanto que ‘es imperativo desarrollar una normativa estatal que cubra el vacío legal actual, estableciendo claramente qué actos sanitarios son susceptibles de realizarse telemáticamente y cuáles no, protegiendo al paciente de la "burbuja" de aplicaciones sin validación científica’.

Incorporación de la IA, creación de un Espacio Europeo de Datos de Salud…
La Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), entidad impulsora del Congreso, ha hecho un llamamiento a avanzar hacia una armonización normativa real con Europa con el fin de adaptar la legislación española a la nueva realidad tecnológica y social marcada por la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la práctica clínica, la creación de un Espacio Europeo de Datos de Salud, el desarrollo de terapias avanzadas, la salud digital y la neurotecnología.

Los expertos consideran que el marco jurídico europeo debe convertirse en un pilar esencial que garantice la equidad y la calidad en el acceso a la salud, ofreciendo también seguridad jurídica frente a los retos de la innovación biomédica. La presidenta de AEDS, Ofelia De Lorenzo, destaca la importancia de que España mantenga una posición de liderazgo en la adaptación de su normativa sanitaria a los cambios registrados en Europa. “Este documento de conclusiones es una guía estratégica para afrontar los desafíos venideros en materia de derecho sanitario. Ese es su propósito: ser útil y ofrecer soluciones a los retos que están por llegar en el ámbito de la sanidad”, señala.

El dossier de conclusiones reúne las principales reflexiones y propuestas surgidas de las mesas de trabajo desarrolladas durante el encuentro, en las que juristas, profesionales sanitarios, académicos y representantes institucionales debatieron los retos regulatorios del sistema sanitario en un contexto de rápida innovación tecnológica y evolución del marco normativo europeo.

Como resultado, el texto recoge diez conclusiones principales:

• Europa como marco jurídico para la salud del siglo XXI. Es fundamental avanzar hacia una armonización normativa efectiva con Europa para enfrentar los retos del sector sanitario, especialmente en lo relativo a los avances tecnológicos y la implementación de nuevas legislaciones. Este marco debe ser un pilar para adaptar la legislación española y garantizar la equidad y la calidad en el acceso a la salud.

• Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS). El EEDS representa una oportunidad única para mejorar la asistencia clínica, las políticas públicas y la investigación científica. Compartir datos de salud de manera segura es clave para la medicina personalizada y el avance de la salud pública. Es esencial que se asegure un entorno regulado y responsable para el manejo de estos datos, promoviendo su uso sin comprometer la privacidad de los ciudadanos.

• Inteligencia Artificial y su impacto en la práctica clínica. La IA debe integrarse como una herramienta de soporte en la toma de decisiones clínicas bajo la supervisión de los profesionales de la salud. Es necesario establecer un marco legal claro que regule su uso ético, proteja la autonomía del médico y garantice la seguridad de los pacientes.

• Responsabilidad profesional en el uso de la IA. Los profesionales deben seguir siendo los responsables de las decisiones clínicas, incluso cuando utilicen herramientas de IA. Es crucial contar con normativas que definan claramente la responsabilidad en el uso de estas tecnologías emergentes.

• Lucha contra el anticientificismo y las pseudociencias. Es fundamental promover la educación en ciencia para combatir el auge de las pseudociencias. Se hace necesario formar a la ciudadanía en pensamiento crítico y en la valoración de la evidencia científica, para prevenir que estas prácticas pongan en riesgo la salud pública.

• Regulación de terapias avanzadas y salud digital. Urge adaptar la legislación española a los avances de la salud virtual y las terapias avanzadas, garantizando un entorno seguro para la innovación y el acceso equitativo a nuevas tecnologías.

• Ley de Pandemias y gestión de emergencias sanitarias. Se subraya la necesidad de una legislación más clara y eficaz para la gestión de emergencias sanitarias, y que además defina adecuadamente las medidas limitativas de derechos y facilite la respuesta ante futuras crisis sanitarias.

• Fortalecimiento de la cooperación público-privada. La colaboración entre los sectores público y privado es esencial para fortalecer la infraestructura de la sanidad y facilitar el acceso a tratamientos innovadores superando las barreras ideológicas y enfocándose en la salud del paciente.

• Desafíos legales en la salud pública. Es necesario reforzar la regulación de la salud pública priorizando la prevención y la equidad en el acceso a los servicios de salud, considerándolas no sólo como una inversión en bienestar, sino también como una medida coste-eficiente para el futuro del sistema sanitario.

• Protección de neurodatos y la ética en neurotecnología. El Congreso resalta la necesidad de proteger los datos cerebrales y neuronales en vista del avance de la neurotecnología. Es fundamental que estos registros sean considerados sensibles, con una protección similar a los datos genéticos, para evitar su uso indebido y garantizar la privacidad mental de los individuos.