Redacción Farmacosalud.com

Los medicamentos para la mineralización ósea (bifosfonatos y denosumab) actúan sobre el metabolismo de los huesos, pudiendo aumentar su densidad y previniendo la pérdida de hueso que se produce en las mujeres después de la menopausia. Su uso está indicado en la osteoporosis postmenopáusica y, en algunos casos también, en la osteoporosis sufrida por hombres, que es un factor de riesgo para las fracturas por caída o fragilidad. Sin embargo, se ha comprobado que tras un uso muy prolongado de estos medicamentos pueden aparecer algunos problemas, como daños en el hueso de la mandíbula, fracturas de fémur o fibrilación auricular. En el caso de denosumab, incluso, se han reportado casos de fracturas al dejar el tratamiento.

Por ese motivo, la Agencia Española del Medicamento recomendó a los médicos utilizar los fármacos para la mineralización ósea únicamente en pacientes con elevado riesgo de fractura y después de considerar la posible aparición de roturas vertebrales múltiples al retirar el tratamiento.

“El papel de los farmacéuticos de Atención Primaria en este programa es clave”
Partiendo de esta recomendación, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata puso en marcha el ‘Programa para la revisión de pacientes en tratamiento con medicamentos para la mineralización ósea mayores de 80 años’, liderado por Farmacéuticos de Atención Primaria (AP) e incluido dentro de las estrategias para la Seguridad del Paciente del Servicio Extremeño de Salud, que tienen como objetivo revisar la adecuación de los tratamientos para identificar errores y potenciales problemas de seguridad. El nuevo protocolo ha permitido que los farmacéuticos de AP identificaran a 204 pacientes en tratamiento con medicamentos para la mineralización ósea mayores de 80 años con potenciales problemas de seguridad tras más de cinco años de tratamiento.

“El papel de los farmacéuticos de AP en este programa es clave, ya que somos los que detectamos a aquellos pacientes que pudieran estar en riesgo por la utilización de un determinado medicamento, los que revisamos las historias clínicas e informamos a los médicos para que evalúen si el medicamento es necesario. Además, les recordamos que estos medicamentos deben utilizarse sólo en pacientes con alto riesgo de fractura y que es necesario notificar toda sospecha de reacción adversa a los mismos; y también les informamos de que hay otras medidas no farmacológicas que previenen las fracturas, como el ejercicio físico, la buena alimentación (rica en calcio y vitamina D), el abandono del tabaco o la disminución del consumo de alcohol”, afirma María Victoria Muñoz Arroyo, miembro de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) y coordinadora del proyecto.

De los 204 pacientes revisados, la acción de los farmacéuticos de AP ha logrado la suspensión del tratamiento en 57 de ellos, lo que supone un porcentaje de casi el 30% de los afectados y un ahorro de más de 27.000€ al año si se considera el precio de los medicamentos que se han dejado de prescribir por parte del médico. “La mayor parte de este ahorro es para el Sistema Sanitario Público, pero también para los pacientes que deban abonar la aportación correspondiente en las farmacias”, explica Muñoz Arroyo.

¿Se están utilizando medicamentos sin estar indicados?
La coordinadora, no obstante, considera que en los informes realizados por los farmacéuticos de AP había suficiente justificación para que la cifra de suspensiones de tratamiento fuese mayor. “Del total de pacientes revisados, tan sólo 48 (23,53%) tenían registrado en la Historia Clínica electrónica el diagnóstico de osteoporosis, un dato que puede indicar dos cosas: o que no se registren adecuadamente los problemas de salud en la Historia Clínica o que se estén utilizando estos medicamentos sin estar indicados”, argumenta.

Muñoz Arroyo, por último, señala que, tras la intervención de los farmacéuticos de Atención Primaria, 130 enfermos continúan con tratamientos para la mineralización ósea sin que en la mayoría de ellos se especifique por parte del médico el motivo de la no retirada. “La no suspensión de estos fármacos en los pacientes analizados debería justificarse por parte del profesional médico y valorarse por parte de la administración, ya que, además de ser poco coste-efectivos, pueden poner en riesgo la salud del paciente”, concluye.