Redacción Farmacosalud.com

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aplaudido la decisión tomada por la Comisión Europea de abrir procedimiento de infracción contra España porque el teléfono de emergencia 112 no es accesible para personas con discapacidad sensorial y espera que este expediente, que puede ser sancionador, obligue a España a que el 112 sea por fin totalmente accesible. ‘El expediente de Europa contra España puede hacer que por fin decaiga la resistencia, oposición y desidia por parte de Protección Civil en esta materia, que depende del Ministerio del Interior, que considera la accesibilidad del 112 una cuestión menor y que ha dicho en múltiples ocasiones que es competencia de las comunidades autónomas’, expone textualmente el CERMI a través de un comunicado.

‘A pesar de la antigüedad y el recorrido histórico de este número de emergencia en España y en Europa, tiene un problema estructural de accesibilidad que no se ha resuelto, pese a las demandas, denuncias y la insistencia sobre este tema por parte del movimiento asociativo de la discapacidad’, argumentan las mismas fuentes.

Un vehículo de Emergencias
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Disparidad de protocolos de respuesta respecto a personas sordas o sordociegas
La entidad explica que en España el 112 es gestionado por las comunidades autónomas y hay una disparidad de criterios, de procedimientos y de protocolos de respuesta respecto a las personas sordas o sordociegas. En este sentido, lamenta que no esté garantizada la universalidad cuando una persona sorda o sordociega tiene que utilizar este número, porque cada comunidad tiene su protocolo y esta disparidad de respuestas se hace irresoluble.

Así, la plataforma representativa de la discapacidad en España advierte de que, cuando una persona sorda o sordociega sale de su comunidad por trabajo o por ocio, no sabe qué respuesta se encontrará en su punto de destino, porque cada autonomía tiene un protocolo diferente y la persona con discapacidad que en su comunidad tiene una respuesta, no sabe la que tendrá en otra.

El CERMI destaca que la solución es posible porque la tecnología lo permite y la inversión es mínima, por lo que solo hace falta voluntad política. Se trataría de implantar un mecanismo centralizado o una transferencia automática entre territorios para que la persona no necesite saber los protocolos de cada comunidad autónoma. En esta línea, la entidad expresa su deseo de que el procedimiento de incoación contra España, que se ha hecho eco de las quejas del movimiento asociativo de la discapacidad, sea un elemento de presión que sirva para que el 112 sea, por fin, accesible.