Redacción Farmacosalud.com

El Consejo de Ministros de España ha aprobado una serie de medidas encaminadas a combatir la violencia de género, fenómeno que ha vivido en los últimos tiempos un claro repunte. Una de las medidas busca mejorar la formación de los profesionales de Atención Primaria (AP) en la detección de estos casos. Así, se ha aprobado promover la ‘formación específica en la detección precoz, manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista de los equipos profesionales involucrados en la atención integral y recuperación de las víctimas de violencia de género de Atención Primaria y hospitalaria (Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, Matronas, Trabajo Social, Urgencias, Salud Mental y Toco-Ginecología), así como de la red de centros de Servicios Sociales, del ámbito educativo y de la Inspección de Trabajo y de los servicios consulares españoles en el extranjero’. Con el fin de ahondar en el papel que juegan actualmente los profesionales de los Centros de Salud en la lucha contra la lacra machista, www.farmacosalud.com ha recabado la opinión de dos expertos: la Dra. Carmen Fernández, portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), y el Dr. Lorenzo Armenteros, responsable del Grupo de Trabajo de Salud de la Mujer de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Dra. Carmen Fernández (semFYC)

La Dra. Fernández destaca que ya existe un protocolo del Sistema Nacional de Salud (SNS) que guía la actuación sanitaria ante la violencia de género. Se publicó en 2007, se actualizó en 2012 y contempla cómo detectar y actuar ante la confirmación o la sospecha de un caso de violencia contra la mujer. Además, todas las comunidades autónomas tienen sus propios programas, que elaboraron teniendo como referente el del SNS y que, aparte de aportar herramientas para la detección de maltratos, contemplan cómo actuar -tanto con la mujer como con los hijos y con el propio agresor- tras la confirmación de un caso.

Diversas comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, la Rioja, Castilla y León, entre otras) recomendaron y pusieron en marcha el cribado de maltratos en Atención Primaria, con diferentes estrategias. “Algunas aconsejaron la búsqueda de casos únicamente ante signos o señales de alerta o situaciones de vulnerabilidad; pero creo que lo que hoy debería aconsejarse es preguntar a todas las mujeres por la posibilidad de estar sufriendo violencia, ya que cada día vemos en nuestras consultas y en las estadísticas que no existe un claro perfil de riesgo, sino que cualquier mujer -de cualquier nivel económico y cultural- puede ser víctima de violencia. Con todo, es cierto que algunas condiciones hacen a la población femenina más vulnerable al maltrato… y eso hay que tenerlo en cuenta (falta de apoyo social en mujeres inmigrantes; pobreza y discapacidad)”, explica la Dra. Fernández.

Estos protocolos también establecen cómo canalizar las ayudas a las víctimas y las obligaciones legales de comunicación al juez o a la Fiscalía, y cómo coordinarse con las diferentes instituciones o dispositivos (servicios sociales, fuerzas de seguridad, organizaciones de apoyo, etc.)

“Sin embargo -matiza la portavoz de semFYC-, no se garantiza que algo que está perfectamente establecido en protocolos y guías se esté llevando a cabo con la cobertura y calidad adecuadas. Sigue habiendo una baja detección y la respuesta global no es siempre la más adecuada. Para conseguir mejores resultados es necesaria la formación de los profesionales que intervienen en el proceso. Se hizo un gran esfuerzo en la formación de profesionales sanitarios desde 2006 a 2011. Luego se paró a causa de la crisis económica, cuando aún no estaba consolidado el servicio. También quedaron suspendidos o minimizados otros muchos recursos de apoyo. Pero también es necesaria la formación de los servicios sociales, de las fuerzas de seguridad (que sí tuvieron formación y se notaron los cambios) y, muy importante, del personal del sistema judicial (jueces, Fiscalía, equipos forenses), y también de los abogados que van a defender a las víctimas”. Así pues, la medida sobre capacitación aprobada por el Consejo de Ministros debería solucionar, en principio, gran parte del problema formativo apuntado por la Dra. Fernández.

Según la experta, “la desconfianza de las mujeres con respecto a la respuesta del sistema (judicial, social) es una de las razones por las que no denuncian su situación de violencia. En las distintas macroencuestas, las mujeres han manifestado que en quienes más confían es en el personal sanitario, pero eso no significa que estemos haciendo todo lo necesario. Se detecta poco, porque no siempre se pregunta, y entre las razones están la falta de tiempo y la sobrecarga en las consultas -pero también la falta de formación para abordar un problema que es complejo-, y la dificultad para coordinarse y tener una rápida respuesta con los otros dispositivos de apoyo”.

“En resumen, disponemos de protocolos adecuados, pero se puede hacer mucho más para mejorar su aplicación: mejorar la formación de los profesionales y mejorar las condiciones estructurales (más tiempo, menos carga de consulta) que permitan una atención más personalizada, con el tiempo suficiente, con asesoría y apoyo técnico para el profesional cuando lo necesite y una accesibilidad real a los recursos de apoyo, y todo ello con una evaluación y seguimiento periódico que sirva para realizar actuaciones para la mejora”, sostiene la facultativa.

¿Una labor que puede realizarse con garantías ante la sobrecarga de trabajo asociada al coronavirus?
Alguien puede pensar que esta labor de vigilancia de los facultativos de AP se asemeja más a una tarea policial que a una tarea sanitaria. Por ello, y ante la sobrecarga de trabajo en los Centros de Salud derivada de la quinta ola de la pandemia de COVID-19, pueden surgir preguntas como esta: ¿los médicos de AP, ahora mismo, están en condiciones de cumplir con garantías la labor de vigilancia contra la violencia machista? ¿A alguien -contesta con otra pregunta la Dra. Fernández- se le ocurriría preguntarme: '¿Cree usted sinceramente que los profesionales de Atención Primaria, con la sobrecarga de trabajo derivada de la quinta ola de la pandemia de COVID-19, estarán en condiciones de cumplir con la labor de detección, control y seguimiento de la diabetes?'.

“Si tenemos claras las gravísimas consecuencias que la violencia machista tiene en la salud de las mujeres que la sufren, y en sus hijos e hijas, está claro que hemos de abordar este problema como un problema de salud más. Que la situación de la pandemia nos lo pone más difícil, por supuesto… como nos está poniendo más difícil hacer el seguimiento de los pacientes crónicos pluripatológicos, o los pacientes con problemas graves de salud mental. Pero eso no significa que haya que postergarlo, porque el problema aparece cada día en nuestra consulta (una de cada cuatro mujeres que acuden a la consulta de Atención Primaria es o ha sido víctima de violencia machista, según el estudio de Isabel Ruiz. 2011). Si no tienes tiempo o no te sientes capacitada, al menos hay que escuchar a la víctima, valorarla, y derivarla a otro recurso donde pueda recibir la atención que a lo mejor en ese momento tú no puedes darle (servicios sociales, CEAS, centros de la mujer, etc.), pero cada caso siempre ha de tener una respuesta adecuada”, afirma.

Dr. Lorenzo Armenteros (SEMG)

A juicio del Dr. Armenteros, para que la AP pueda contribuir con éxito a la lucha contra los maltratos sufridos por mujeres es vital que aumenten los recursos disponibles: “La lucha contra la violencia de género está protocolizada por la mayoría de las comunidades autónomas y los servicios de salud y por todas las sociedades de Atención Primaria. El protocolo es una guía que sirve de orientación, pero no solamente hacen falta protocolos en un marco teórico, hace falta la aplicación y el desarrollo práctico de medidas que conlleven una experiencia práctica y que sean ajustadas a las posibilidades, necesidades y recursos de los que dispone ahora este escalón asistencial”.

“Llevamos muchos años haciendo protocolos contra la violencia de género y ninguno de ellos ha conseguido verdaderamente introducir la cultura de esta lucha dentro de la práctica clínica de AP. Porque es necesario que estos programas no sean libros de muchas páginas, sino que tengan una aplicación práctica mucho más concreta. Y, por otro lado, es necesaria una dotación de medios y de formación, en muchos de los casos específica... y sobre todo necesitamos tiempo. En los momentos actuales, en los que nuestro tiempo está comido por trámites burocráticos que no aportan nada a la experiencia clínica ni preventiva, cualquier trabajo que sea nuevo, que se añada, no deja de ser una dificultad”, aduce Armenteros, cuyas opiniones, como se puede comprobar, guardan notables similitudes con las expresadas por Fernández.

Para el miembro de la SEMG, la cercanía al paciente y la confianza que de ella se deriva y el conocimiento no solamente de la paciente en sí, sino del entorno en el que vive, son factores inherentes a la Atención Primaria que deberían ser aprovechados para mejorar la lucha contra las agresiones machistas. “Hay que aprovechar todas estas ventajas de que dispone la AP para poder desarrollar programas de éxito”, asevera.

¿Qué hacer si el agresor está dentro de la consulta con la víctima o bien aguarda en la sala de espera?
La complejidad que rodea a la violencia de género se ejemplifica en dos escenas que pueden darse perfectamente en cualquier Centro de Salud, una vez que el médico ha visto indicios de un posible maltrato: ¿cómo debe actuar ese médico si el presunto agresor está dentro de la consulta, acompañando a la víctima? ¿y qué hacer si el sospechoso permanece en la sala de espera, aguardando a que la mujer salga de la visita? Dentro de la consulta, el Dr. Armenteros aboga por proceder con tanta cautela como sea posible con el fin de “no buscar un enfrentamiento en ese momento”. Así pues, hay que pensar en medidas alternativas que permitan hablar a solas con la mujer o comunicarse de forma aislada con ella, con el objetivo de ayudarla a vencer aquella situación de vulnerabilidad. “Desde luego, con el agresor dentro en la consulta, cualquier medida que tomáramos, más que una ventaja, podría suponer un riesgo para la salud de la propia paciente, ya que podríamos provocar una situación insospechada en un tiempo posterior”, advierte el galeno.

Lo mismo valdría si el presunto agresor aguardara a la paciente en la sala de espera, es decir, habría que buscar el momento oportuno para que la víctima, en caso de que la presencia del maltratador al otro lado de la puerta la estuviera atenazando, pudiera volver sola a la consulta. Una vez logrado este objetivo, el profesional de la salud le dará la confianza necesaria para que ella explique el drama que está sufriendo, con el fin último de encontrar las soluciones más adecuadas .

Los farmacéuticos, también implicados contra la violencia de género

Por otro lado, representantes del Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) han firmado un convenio para el desarrollo de actuaciones de información, prevención y sensibilización en materia de violencia contra la mujer. Esta nueva alianza entre la DGVG y el CGCOF fortalece y reconoce el papel que pueden desarrollar los farmacéuticos en la lucha contra este tipo de maltrato, con iniciativas como la Mascarilla-19, puesta en marcha durante la pandemia por los Colegios de Farmacéuticos de Canarias y que está presente ya en 12 autonomías y 20 países de cuatro continentes.

Según el nuevo acuerdo, el CGCOF asume el compromiso de difundir y distribuir las campañas de sensibilización y prevención impulsadas por la DGVG; promover a través de los Colegios la inclusión del teléfono 016 en los tiques de compra de las farmacias, o facilitar la organización de sesiones informativas en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, entre otras acciones, informa el Ministerio de Igualdad.

Una colaboración iniciada hace más de 10 años
Se trata de un paso más en una colaboración que se inició hace más de 10 años y que tomó un nuevo impulso en abril de 2018, cuando se formalizó un acuerdo marco entre ambas instituciones. Se daba así cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en diciembre de 2017, en el que se promueve la realización de campañas de sensibilización social a través de las farmacias comunitarias, y se facilita formación a los farmacéuticos ante agresiones de índole machista.

Otro punto del convenio suscrito se refiere a la elaboración conjunta entre la DGVG y el CGCOF de un protocolo de actuación en la farmacia comunitaria ante los maltratos, con el fin de ayudar a detectar las primeras señales de violencia y saber cómo actuar ante un posible caso. Un documento en el que ambas entidades llevan tiempo trabajando y cuyo contenido ha sido consensuado. Esta herramienta, que será presentada en el último trimestre del año, facilitará y guiará los pasos del personal farmacéutico comunitario ante cualquier tipo de agresión por razón de género.