Redacción Farmacosalud.com

Hace unas semanas se presentaba un documento conjunto firmado por organizaciones de Enfermería, médicos y consumidores en el que se sostenía que el Anteproyecto de la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid invadía competencias de otros profesionales de la medicina, lo que podía crear un conflicto entre diferentes agentes de la salud. Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), no está de acuerdo con tal idea: “En absoluto. Las competencias sanitarias no son exclusivas de nadie en ningún caso, y menos aún, cuando responden al uso de los medicamentos, donde el farmacéutico es el máximo experto y se aboga por una colaboración interprofesional y el mejor uso de los recursos disponibles en beneficio del paciente”.

En un portal vinculado al sector de la Enfermería se ha publicado que, aparte de Madrid, otras comunidades autónomas, como País Vasco o la Comunidad Valenciana, también están trabajando en proyectos de farmacia similares. El presidente del COFM insiste en que “no hay ningún conflicto de competencias”, y a renglón seguido añade que “la regulación está clara en esta materia y la oficina de farmacia tiene la consideración legal de establecimiento sanitario privado de interés público. Somos parte del Sistema Nacional de Salud, le pese a quien le pese, y somos también los máximos expertos en el uso del medicamento”.

Por otro lado, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) apuesta por normalizar y protocolizar la atención farmacéutica domiciliaria (AFD) a nivel nacional, pero el mencionado documento conjunto no ve con buenos ojos la realización por parte de los farmacéuticos de actividades como la visita domiciliaria y el control de pacientes crónicos (seguimiento de diabéticos, anticoagulados, hipertensos...) y de adherencia al tratamiento. En respuesta, González Díez dice lo siguiente: “La realidad es que los pacientes mayores, polimedicados, dependientes, que viven solos en muchos casos, no están recibiendo ninguna atención. Nosotros en Madrid hemos propuesto atender esta necesidad con el mejor uso de los recursos de que dispone la oficina de farmacia porque se trata del servicio sanitario más cercano a la población y el único en muchos municipios envejecidos”.

-Asociaciones de Enfermería, médicos y consumidores han elaborado una declaración conjunta sobre la ‘mal llamada farmacia comunitaria’, según sostienen textualmente. En el manifiesto se lee: ‘Las oficinas de farmacia, por el hecho de estar en la comunidad y ser un recurso comunitario, no pueden ser consideradas farmacias comunitarias ya que dicha consideración precisa, entre otras cuestiones, de unas competencias y conocimientos que no adquieren los farmacéuticos en su titulación, pero sí otros profesionales como médicos y enfermeras/os, tanto en sus estudios de grado como de posgrado y especialización’. ¿Qué opina?
Francamente, no creo que sea yo ni el Colegio que represento los más indicados para responder a esta declaración. En el proyecto de Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid no se alude en ningún momento a la ‘farmacia comunitaria’, ni tampoco es un concepto que nos guste manejar por la sencilla razón de que no está definido en ninguna norma. Dicho esto, tampoco creo en conflictos competenciales cuando hablamos de medicamentos y mucho menos terminológicos. Me gusta hablar más de necesidades y soluciones.

En el Colegio estamos intentando avanzar en el terreno de la farmacia asistencial y de los nuevos servicios farmacéuticos de la mano de la Administración, a través de convenios de colaboración o del actual proyecto de Ley de Farmacia, con el que queremos dotarnos de seguridad legal para acometer nuevos retos profesionales.

-En la declaración conjunta, se critica el Anteproyecto de la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid porque ‘el citado anteproyecto no puede atribuir unas competencias profesionales a los farmacéuticos de las oficinas de farmacia, que no son de su ámbito y que por el contrario ya tienen atribuidas otros profesionales como médicos y enfermeras/os. Ello puede generar un grave conflicto de competencias entre profesionales farmacéuticos de las oficinas privadas de farmacia, y otros profesionales de la medicina, la enfermería e incluso la farmacia de la sanidad pública’. ¿Está de acuerdo?
En absoluto. Las competencias sanitarias no son exclusivas de nadie en ningún caso, y menos aún, cuando responden al uso de los medicamentos, donde el farmacéutico es el máximo experto y se aboga por una colaboración interprofesional y el mejor uso de los recursos disponibles en beneficio del paciente. Ni que decir tiene que el texto de la Ley cuenta con el total respaldo de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y de nuestra corporación, como no podía ser menos.

Nos hemos reunido con los dirigentes enfermeros para abordar qué puntos del actual proyecto consideran que invaden sus competencias y el único punto que se podría discutir sería la atención farmacéutica domiciliaria, donde los farmacéuticos de oficina de farmacia ya prestan servicio cuando así lo requieren los pacientes y donde hemos planteado una nueva redacción que despeje cualquier tipo de duda.

-Precisamente, Jesús C. Gómez, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), decía que su organización había presentado una propuesta para que se tuviera en cuenta “el papel del farmacéutico comunitario dentro de los programas globales de atención domiciliaria”, y también para que se normalizara y protocolizara “la atención farmacéutica domiciliaria (AFD) a nivel nacional”. Sin embargo, el documento conjunto recoge que ‘la realización por parte de los farmacéuticos de determinadas actividades, como lo son la visita domiciliaria, el control de pacientes crónicos (seguimiento de diabéticos, anticoagulados, hipertensos...), la adherencia al tratamiento... suponen no solo una duplicidad de actuaciones que ya vienen realizando desde el ámbito público médicos y enfermeras/os, sino que también puede implicar un grave conflicto de intereses, en perjuicio de los usuarios y de las políticas públicas de uso racional de los medicamentos’. ¿Cómo hay que conjugar ambas posiciones?
La realidad es que los pacientes mayores, polimedicados, dependientes, que viven solos en muchos casos, no están recibiendo ninguna atención. Nosotros en Madrid hemos propuesto atender esta necesidad con el mejor uso de los recursos de que dispone la oficina de farmacia porque se trata del servicio sanitario más cercano a la población y el único en muchos municipios envejecidos. Las experiencias en esta dirección de otras comunidades, como el País Vasco, han sido muy positivas y no presentan ningún tipo de conflicto profesional desde que se lanzaron en 2013.

Por otro lado, tengo que decir que en ningún momento hemos dicho que esa sea una competencia exclusiva del farmacéutico. Los farmacéuticos hemos demostrado que sabemos trabajar en equipo, cada uno desde sus propias competencias, para llegar a atender a las personas que lo necesitan. Ni más ni menos, no hay que buscarle cinco pies al gato.

-¿A grandes rasgos, qué propone el texto de la Ley de Farmacia madrileña?
Es un texto que responde, en primer lugar, a las necesidades de los ciudadanos con una mayor implicación profesional en la atención farmacéutica. Además, actualiza el marco legal en el que se desenvuelve el ejercicio profesional farmacéutico y que está en vigor desde hace más de 20 años. Entre otras cosas, la nueva Ley amplía las secciones en oficinas de farmacia para realizar actividades de nutrición y dietética, autoriza la publicidad y promoción de las oficinas de farmacia, flexibiliza los horarios de apertura, prioriza los traslados de oficinas de farmacia como una medida de planificación estratégica e introduce numerosas ventajas en beneficio de la farmacia rural, un servicio único en el mundo porque no hay ningún otro modelo de farmacias que garantice la prestación farmacéutica en todo su territorio con el grado de cobertura que lo hace España.

-En un documento publicado en ‘Diario Enfermero’, que está enlazado con la página web de la Organización Colegial de Enfermería, se apunta que, aparte de Madrid, otras comunidades autónomas, como País Vasco o la Comunidad Valenciana, también están trabajando en proyectos de farmacia similares. ¿Aunque sea involuntariamente, se está gestando un contencioso entre médicos y personal de Enfermería, por un lado, y farmacéuticos comunitarios, por otro, que podría llegar a incidir en toda España?
No hay ningún conflicto de competencias y mucho menos una privatización de servicios. La regulación está clara en esta materia y la oficina de farmacia tiene la consideración legal de establecimiento sanitario privado de interés público. Somos parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), le pese a quien le pese, y somos también los máximos expertos en el uso del medicamento. Por eso, las Administraciones están trabajando con los Colegios para desarrollar iniciativas en la mejora del uso de los medicamentos, en el seguimiento farmacoterapéutico o en la adherencia a los tratamientos, medidas que ya han demostrado sus resultados en salud para los pacientes y también en los ahorros que los farmacéuticos generamos al sistema. Pretender frenar el uso eficaz de los recursos y la atención integral y colaborativa que requieren los pacientes no tiene ningún sentido.

-De acuerdo con el manifiesto de asociaciones de Enfermería, médicos y consumidores, ‘la administración debe fortalecer la atención primaria y no destinar unos fondos públicos para que los farmacéuticos u otros trabajadores empleados por ellos, a través de unos establecimientos privados, como son las oficinas de farmacia, aunque presten un servicio público, realicen unas actividades sanitarias, que ya realizan médicos y enfermeras/os, en el ámbito público’…
En este caso, lo que estarían proponiendo es crear un nuevo nivel asistencial de atención domiciliaria, para lo que haría falta contratar a muchos profesionales dentro del sistema público. Antes de dar este paso, que sería enormemente costoso, insisto, en mi opinión sería preferible utilizar mejor todos los recursos disponibles, porque hay retos como la introducción de las nuevas terapias y tecnologías que requieren de una gran inversión económica. La red de oficinas de farmacia y sus profesionales ofrecen cercanía, conocimiento de los pacientes y grandes oportunidades para elevar la tasa de adherencia a los tratamientos y reducir los efectos adversos a los medicamentos, que son dos de los grandes agujeros que tiene el SNS.

-Supongamos que un usuario de la sanidad comprueba que ciertos servicios y centros sanitarios están saturados, como ocurre en numerosos casos. Al mismo tiempo, ve que hay oposición al hecho de que las farmacias de ‘calle’ (las de al lado o cerca de casa), se ocupen de algunos de esos servicios de salud. ¿Estamos ante un lío tremendo a ojos del usuario?
Más que lío, el ciudadano se preguntará por qué no se utilizan de una forma más racional y también más cómoda para el propio usuario los recursos sanitarios disponibles. Y le pongo un ejemplo: hay más de una docena de países donde las oficinas de farmacia administran vacunas con excelentes resultados (aumento de la tasa de cobertura en la campaña estacional de la gripe). Por algo será.