Redacción Farmacosalud.com

Según el Real Decreto-ley de 9 de junio relativo a la nueva normalidad prevista para cuando se supere la fase III del desconfinamiento, 'las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen. Además, los titulares de los centros han de disponer de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda’.

Pues bien. A juicio de Montserrat Blasco Rovira, enfermera y vocal de Residencias de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG) de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya [Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología de la Academia de Ciencias Médicas de Catalunya], los espacios residenciales geriátricos, tanto públicos como privados, no están preparados para lo que se conoce como nueva normalidad: “En mi opinión, las residencias no estaban preparadas para hacer frente a esta pandemia, pero tampoco lo están en este momento, ya que son centros pensados y diseñados como lugares de vida, no como hospitales. El impacto que la COVID-19 ha tenido en estos centros es el resultado de años de falta de coordinación real entre las políticas de salud y sociales en estos equipamientos. Desde la Administración, se debe asegurar la atención sanitaria a las personas mayores que viven en un recurso social como son las residencias, y para ello es el momento de hacer una apuesta valiente y firme de coordinación que realmente dé salida a las necesidades reales de las personas mayores que viven en este recurso social”.

“Debemos hacer un debate más reflexivo que tenga presente los cuidados de larga duración”
“En este momento se está abordando esta crisis como exclusivamente sanitaria y no lo es... el impacto que ha tenido sobre la persona desde el punto de vista funcional, emocional y social está teniendo graves repercusiones en cada individuo. El debate actual no debería ser exclusivamente cómo debe ser la atención sanitaria en las residencias de mayores, sino que debemos hacer un debate más reflexivo que tenga presente los cuidados de larga duración”, señala Blasco.

“Si tenemos otro brote de COVID-19 en las residencias -prosigue la enfermera-, sabremos cómo proceder, dado que los planes de contingencia han sido creados y puestos en funcionamiento; seguro que vamos a estar más preparados, pero la atención sanitaria de las personas deberá estar mejor coordinada, asegurando el soporte necesario en estos centros, ya sea a través de equipos de soporte a las residencias, a través de los equipos de Atención Primaria o a través de equipos de atención paliativa de soporte, asegurando la atención médica y de Enfermería continuada y, por supuesto, disponiendo desde un inicio de los equipos de protección así como de los test de diagnóstico a tiempo”.

Se aconseja mantener un mínimo de 2 metros de distancia en las residencias
De acuerdo con el Real Decreto-ley, ‘las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1'5 metros’. Hasta ahora la distancia social era de 2 metros.

Tratándose de ancianos, sin lugar a dudas el colectivo más castigado por el COVID-19, los especialistas mantienen la recomendación de mantener esos 2 metros en los geriátricos, tal y como remarca la vocal de Residencias de SCGiG: “Aunque es cierto que, según el decreto ley relativo a la nueva normalidad, debe garantizarse la distancia mínima de 1'5 metros, el Departamento de Salud recomienda a través de los documentos ‘Recomendaciones sobre las visitas de familiares a personas que viven en centros residenciales’ y “Plan de desescalada en centros residenciales’ mantener un mínimo de 2 metros de distancia, ya no solamente durante las visitas de familiares u otras personas, sino también entre residentes en el uso de las diferentes zonas comunes del centro”.

Esa separación de seguridad tiene ciertas repercusiones en relación al aforo de dichos espacios. De hecho, comporta que las residencias se vean obligadas a limitar el número de usuarios que los utilizan no superando el 30% de su capacidad. Junto a todo ello, se deben realizar turnos en función de afinidades y actividades para su uso. Teniendo en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha afectado especialmente a las residencias, éstas están siendo muy estrictas con respecto al mantenimiento del distanciamiento social, que va acompañado de otras medidas de seguridad como es la higienización de manos o el uso de mascarilla como una práctica para minimizar el riesgo de contagio. A este respecto, Blasco recuerda que “deberemos convivir a partir de ahora” con la mascarilla. En cuanto a las residencias donde conviven personas con alto deterioro cognitivo, y por lo tanto ancianos en los que no se puede asegurar la tolerancia a dicho dispositivo de protección facial, mantener la distancia “será muy importante para evitar posibles contagios”, destaca Blasco.

Apuesta por el concepto de nueva realidad en lugar del de nueva normalidad
Cuando se habla de geriátricos, a Blasco le gusta más hablar de nueva realidad que de nueva normalidad, “porque en el contexto residencial, esta situación, de normal, no tiene nada. Los centros, que están pensados como lugares de convivencia, de relación y de promoción de la autonomía, ven como esta realidad en la que tanto empeño hemos puesto durante años ahora, simplemente, ha quedado aparcada a un lado para priorizar la seguridad de las personas, aunque ello esté teniendo graves repercusiones sobre su situación funcional, psicológica y social, que ya estamos intentando recuperar. Los centros buscamos alternativas a esta nueva realidad, potenciando actividades antes desconocidas por las personas mayores como son las videollamadas y el uso de nuevas tecnologías en la realización de actividades, potenciando además las actividades personales frente a las grupales”.

“Esta crisis nos ha enseñado a los equipos a asumir nuevos roles profesionales, a ser más flexibles en nuestras funciones… hemos descubierto una gran capacidad de adaptación a situaciones no previstas e incluso diría que a ser más cercanos a las familias, a darles más soporte emocional desde la distancia buscando alternativas a la comunicación con ellos”, agrega.

Reclamación de un debate urgente

En Cataluña (y en buena parte del resto del mundo) la pandemia ha afectado especialmente -como se ha apuntado con anterioridad- a las personas mayores: el 90% (11.135) de las defunciones por COVID-19 se han producido en personas de más de 65 años, estimándose que al menos el 50% (5.567) de ellas se habrán producido en residencias geriátricas. Si bien el ‘primer gran reto de la crisis del coronavirus fue dar una respuesta de urgencia’, ahora ‘el segundo gran reto pasa por ser capaces de aprender de la situación vivida y repensar, para las próximas décadas, el modelo de atención tanto en el entorno residencial como en el de toda la atención de larga duración’, sostienen desde SCGiG mediante un comunicado.

Por este motivo, la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña ha impulsado, con la participación de la Federación de Asociaciones de Mayores de Cataluña (FATEC) y la Fundación iSocial, el manifiesto ‘PARA UN DEBATE ABIERTO (y urgente) SOBRE EL NUEVO MODELO DE LA ATENCIÓN DE LARGA DURACIÓN Y RESIDENCIAL’. El documento quiere ser el punto de partida de un debate de consenso que, necesariamente, requerirá de la participación de todos los actores implicados (ciudadanía, Administración, colegios profesionales, patronales, sociedades científicas y entidades, y organismos y profesionales implicados en este ámbito). En este sentido, han elaborado un decálogo de los principios básicos sobre los que iniciar el debate para construir el nuevo modelo:

1. Hay que incorporar a las personas mayores y sus cuidadores en la conceptualización y el diseño del nuevo modelo. Su papel debe ser central, y no únicamente consultivo.
2. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas mayores quieren vivir en su hogar hasta el final de su vida. Esto requiere apostar decididamente por la atención integrada domiciliaria y por las políticas sociales y de vivienda.
3. Habrá que repensar el modelo de atención residencial, pero también habrá que desarrollar otras alternativas cercanas al domicilio: pisos con servicios, coviviendas, pisos tutelados...
4. En este sentido, hay que abordar de forma sincrónica todos los ámbitos de la atención de larga duración: la atención residencial, la larga estancia sociosanitaria y los centros y hospitales de día, así como la atención domiciliaria.
5. El modelo de la atención de larga duración debe tener una mirada amplia, que va desde la prevención de discapacidad hasta la atención del final de vida.
6. La atención a las personas mayores debe dar un paso adelante hacia la personalización de las intervenciones, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada persona.
7. Este modelo de atención de larga duración requerirá atención colaborativa y compartida entre el mundo sanitario y el social, así como una mirada necesariamente territorial y cercana a las personas.
8. Hay que apostar decididamente por mejorar el reconocimiento y las competencias de los cuidadores y los profesionales que atienden a estas personas.
9. También hay que incorporar la tecnología como herramienta de apoyo, tanto para las personas como para sus cuidadores.
10. Finalmente, habrá que adaptar los sistemas de provisión de los servicios a estas nuevas realidades, replanteando y redefiniendo el marco legal y los modelos de financiación y de control que se apliquen en cada caso.

En cuanto al punto 1 del manifiesto -‘hay que incorporar a las personas mayores y sus cuidadores en la conceptualización y el diseño del nuevo modelo. Su papel debe ser central, y no únicamente consultivo’-, Blasco comenta que, desde hace tiempo, en las residencias se está trabajando “con modelos de atención personalizada", habiéndose desarrollado en esta línea un plan de cuidados que incorpora gustos y preferencias. No obstante, “hemos visto como esta crisis ha priorizado ‘lo sanitario’ por encima de ‘lo social’, ya que se trataba de salvar vidas por encima de todo lo demás. En este sentido, debemos volver atrás, preguntándonos cómo vamos a recuperar lo perdido teniendo en cuenta unas normativas y exigencias de salud tan restrictivas -que nos impiden poner en valor aspectos tan importantes como el respeto a los derechos-, y cómo vamos a evitar la ‘sanitarización’ de los centros, para que no dejen de ser lugares de convivencia”, apunta Blasco.

“En general -continúa la experta-, tenemos claro que debemos tener en cuenta a las personas mayores y a sus cuidadores, tanto formales como no formales, en los debates sobre aspectos que les afectan y más concretamente en el diseño de políticas sociales y sanitarias. Pero, por desgracia, en muchas ocasiones -aunque se les escuche- no incorporamos de verdad lo que es realmente importante para ellos sobre dónde y en qué condiciones quieren pasar los últimos años de su vida, cómo quieren ser cuidados y con quién compartir su tiempo. En este sentido, el manifiesto incorpora, por un lado, la voluntad de la participación activa de las personas mayores (queremos que no sean espectadores, sino protagonistas del debate), y por otro reflexiones en relación a los cuidados de larga duración. Debemos contemplar los soportes que las personas mayores necesitan y debemos diseñar y adecuar los servicios a sus necesidades y no al revés”.