Redacción Farmacosalud.com
El Gobierno español ha eliminado el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público a partir de este miércoles 8 de febrero, decisión que, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se adopta en un momento de clara tendencia a la baja de los casos de COVID-19, y tras conocer la propuesta favorable de los expertos que forman la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuestas. Para Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), es normal que a medida que la pandemia esté más controlada “se den este tipo de pasos, pero siempre teniendo en cuenta que sólo se quita la obligación. En muchos casos hay necesidad de que las personas más frágiles y vulnerables con enfermedades crónicas complejas o con determinados tratamientos puedan o deban seguir protegiéndose, y se haga con criterio”.
“Desde la POP echamos de menos que se siga insistiendo en medidas que apoyen el buen uso de la mascarilla, y fomenten una protección para los pacientes más frágiles”, subraya Escobar.
El cubrebocas no desaparece del todo en espacios públicos
De acuerdo con el informe emitido por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la incidencia de coronavirus acumulada a 14 días en mayores de 60 años es de 50,7 casos por 100.000 habitantes. Y las camas ocupadas por pacientes COVID representan un 1,6%, una de las cifras más bajas registradas durante la crisis pandémica. La ministra apunta que España es un referente en vacunación a nivel internacional, dado que se han administrado más de 110 millones de dosis de vacunas contra el COVID; el 93% de las personas mayores de 12 años tienen la pauta completa, y más del 75% de los mayores de 80 años ya tienen la segunda dosis de refuerzo.
A pesar de la decisión de eximir de llevar cubrebocas en autobuses, trenes, etc., se mantiene la obligatoriedad del uso de este dispositivo preventivo en centros y servicios sanitarios, hospitales, oficinas de farmacia y botiquines. También en centros sociosanitarios, tanto para las personas que trabajan en ellos -siempre que estén en contacto con personas residentes- como para los visitantes cuando estén en zonas compartidas. “Es fundamental que en los espacios sanitarios a los cuales acuden pacientes frágiles, personas mayores o en tratamiento o en situación de mayor fragilidad frente a los virus respiratorios, sea importante mantener el uso de la mascarilla, y, desde la POP, vemos bien mantener la medida. Queremos que se siga trabajando en la seguridad de la población para esta y otras pandemias y que se tenga en cuenta a los pacientes crónicos y las entidades que los representamos para desarrollar estrategias de salud pública, y que realmente esas estrategias se acerquen a la realidad de las personas que más lo necesitan”, sostiene Escobar.
Darias indica que el fin de las mascarillas en los transportes públicos significa seguir cumpliendo una hoja de ruta planificada fase a fase, hasta alcanzar la normalidad. Además, la titular de Sanidad destaca que se aconseja el uso responsable de los tapabocas a las personas que presenten sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda y a los individuos vulnerables. También se recomienda en espacios cerrados y en eventos multitudinarios, así como en el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas, en función de la vulnerabilidad de los participantes.
De hecho, la autorización para viajar en transporte público sin necesidad de llevar la mascarilla puesta entra en vigor en una época del año muy propicia para el incremento de infecciones respiratorias. De ahí que la presidenta de la POP apele a la prudencia de los ciudadanos: “Ese es el punto clave. Las personas con necesidades crónicas de salud seguimos siendo las más afectadas frente a los virus y apelamos a la responsabilidad individual más que nunca. Es cierto que esta época del año en la que nos encontramos es muy propicia para el aumento de infecciones respiratorias; por ello, desde la POP pedimos a los pacientes crónicos, familiares y cuidadores que no relajen las medidas sanitarias de autocuidado”.
“Además -agrega Escobar-, es importante que desde las autoridades sanitarias se persiga una mayor educación para la ciudadanía. Especialmente, en la parte de corresponsabilidad de los pacientes con su salud relacionada, sobre todo, con la protección frente a estos virus, y con respecto a otros retos sanitarios y de salud pública que tenemos”.
Nueva Agencia Estatal de Salud Pública
Por otro lado, el Gobierno también ha aprobado la remisión a las Cortes por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), presentado por la ministra de Sanidad en el Consejo de Ministros del pasado 23 de agosto. Darias recuerda que la medida obedece a la determinación y el compromiso del Ejecutivo de generar estructuras organizativas que sean operativas, ágiles, autónomas y eficaces para afrontar los nuevos riesgos y amenazas de salud que puedan surgir.
La experiencia vivida con la pandemia de COVID-19, dice la ministra, implica que la creación de esta agencia sea una prioridad para abordar situaciones que requieren de anticipación, respuesta rápida y coordinación entre todas las autoridades sanitarias nacionales y de la Unión Europea.