Redacción Farmacosalud.com
El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España ha publicado los datos definitivos de mortalidad por suicidio correspondientes al año 2024, informa el Ministerio de Sanidad. En total, se registraron 3.953 defunciones por esta causa, lo que supone un descenso de 163 casos respecto al año 2023, cuando se contabilizaron 4.116. Esta evolución consolida la tendencia descendente observada, si bien las cifras continúan situando a la autólisis como una cuestión prioritaria en el ámbito de la salud pública. El perfil mayoritario de persona suicida se corresponde con un hombre que supera los 85 años de edad.
Perfil sociodemográfico
• Mayor prevalencia en hombres: representan el 73,4% de los casos (2.902), con una tasa de 12,1 por 100.000 frente a 4,2 (1.051) en mujeres, lo que exige la incorporación de estrategias con perspectiva de género. Estos programas deben combatir el aislamiento social y los estereotipos que obstaculizan la expresión emocional y el acceso al apoyo en varones. Al mismo tiempo, es necesario adaptar las intervenciones para responder a la vulnerabilidad y las necesidades específicas de las mujeres.

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• Edad avanzada, el mayor riesgo: las tasas más altas se concentran en hombres mayores de 85 años o más. Entre los 85 a 89 años el riesgo supera los 40,2 por cada 100.000 habitantes, cinco veces la media nacional y superior al dato de 2023 (36,7). Este dato refleja el impacto de la vulnerabilidad asociada a aislamiento, enfermedad crónica y pérdida de redes de apoyo.
• Niños, niñas y jóvenes: el total de fallecimientos en menores de 30 años disminuye. Pasa de 364 suicidios en 2023 a 344 en 2024. Sin embargo, dentro de este grupo se registra un aumento en los menores de 20 años, cuyos casos pasan de 76 a 90.
Determinantes sociales
El suicidio es un fenómeno multicausal que no puede explicarse únicamente desde la perspectiva clínica. Los determinantes sociales, económicos y culturales ejercen una influencia decisiva en la aparición y distribución del riesgo. Estos factores interactúan con las características individuales y no de forma aislada: se combinan y se potencian entre sí, creando entornos de alta vulnerabilidad en los que el riesgo de autólisis se multiplica.
Las condiciones socioeconómicas constituyen uno de los determinantes del riesgo suicida. La falta de ingresos suficientes, la precariedad laboral y la inseguridad económica generan un contexto de vulnerabilidad que limita la capacidad de cubrir necesidades básicas y planificar el futuro. La incertidumbre sobre el empleo, la ausencia de oportunidades y la presión económica sostenida incrementan la sensación de falta de control sobre la propia vida.

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-Desempleo y precariedad: el desempleo prolongado y los contratos temporales o de baja remuneración se asocian con mayor riesgo de suicidio. La falta de estabilidad laboral no sólo reduce los ingresos, sino que erosiona la identidad personal y la percepción de utilidad social.
-Pobreza y exclusión social: en España, una de cada dos personas es dependiente económicamente y el 25,8% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
-Desigualdad estructural: la brecha entre grupos sociales se traduce en diferencias en acceso a recursos, oportunidades y servicios. Esta desigualdad no únicamente afecta a los ingresos, sino también a la capacidad de afrontar crisis vitales.
-Carga económica en hogares: el esfuerzo para cubrir gastos básicos (alimentación, higiene, energía, transporte) limita la estabilidad financiera, generando estrés y malestar emocional, especialmente en hogares monoparentales y jóvenes.
Planes de salud mental y de prevención del suicidio
El Ministerio de Sanidad ha reforzado su actuación a través de dos planes clave que permiten avanzar en la mejora de la atención y la prevención en este ámbito. En junio de 2025 se acordó la asignación de 39 millones de euros al Plan de acción de salud mental 2025-2027, orientado a mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios, reducir los tiempos de espera, humanizar los espacios asistenciales y fortalecer la formación de profesionales.
Este plan se está desarrollando a través de 224 proyectos actualmente en ejecución, que contemplan medidas para mejorar la atención ciudadana, reforzar los servicios de salud mental infanto-juvenil, impulsar el apoyo entre pares y avanzar en la integración de la salud mental en el primer nivel asistencial. Cada iniciativa se diseña con el objetivo de construir un sistema más accesible, cercano y centrado en las personas.
De manera complementaria, y por primera vez, se han destinado 17,83 millones de euros al Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, que establece la prevención como una prioridad de salud pública. Este plan apuesta por acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad, sensibilizar a la sociedad, mejorar la formación especializada y ampliar los recursos disponibles.
En total, se han aprobado 122 proyectos, que incluyen campañas para reducir el estigma, programas comunitarios que promueven el acompañamiento y el apoyo mutuo, formación para profesionales y personas clave —conocidas como gatekeepers— y recursos específicos para atender a quienes atraviesan momentos difíciles. El objetivo es claro: que ningún ciudadano se sienta solo ante el sufrimiento y que todo individuo en esta situación encuentre ayuda a tiempo.




