Redacción Farmacosalud.com

Coincidiendo con la conmemoración esta semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha publicado un documento de consenso de la especialidad para mejorar la detección y atención de las mujeres víctimas de violencia de género desde las consultas de obstetricia y ginecología. Un consenso que parte de la consideración de que las consultas de obstetricia y ginecología pueden jugar un papel destacado en la detección de la violencia doméstica, por el carácter íntimo de este tipo de consultas, en las que se abordan aspectos como la sexualidad o la planificación familiar, y la relación especial de confianza que suele establecerse entre la mujer y el profesional que la atiende.

El maltrato es un problema infradiagnosticado en el ámbito sanitario, donde sólo se detecta el 5% de los casos, por lo que el objetivo de la nueva guía es reforzar la contribución de la especialidad a la detección temprana desde el sistema sanitario.

Varios indicios pueden hacer sospechar de un maltrato
Para ello, el documento de la SEGO enumera los factores de riesgo de la violencia de género –sociales, comunitarios, relacionales e individuales-, subrayando que, en los colectivos más vulnerables, un porcentaje importante de los malos tratos por parte de la pareja se inician con el embarazo, incluida la violencia física y sexual. Por eso, las consultas de embarazo y puerperio -como también las de planificación familiar y las revisiones periódicas- representan oportunidades para la detección de la violencia de género.

Entre los signos y síntomas de sospecha que deben alertar al especialista, uno de ellos es precisamente la ausencia de control de la fecundidad, debido a la negativa o al sabotaje del maltratador, que suele ir asociada a un aumento de embarazos no deseados e interrupciones de embarazo de repetición. Asimismo, el rechazo al uso del preservativo aumenta las probabilidades de infección de transmisión sexual, a veces incluso de forma intencionada. Las alteraciones sexuales y las complicaciones del embarazo, a veces, también pueden esconder un caso de violencia doméstica.

El manual, que aboga por el cribado universal de la violencia de género en todas las consultas de obstetricia y ginecología, contiene recomendaciones prácticas a los especialistas sobre lo que debe hacerse y lo que no en la consulta para que la mujer en situación de maltrato sea capaz de confiarlo al profesional. Así, por ejemplo, aconseja estar pendiente de la actitud de la mujer y de la pareja. Mostrarse temerosa, evasiva o nerviosa, alterándose con facilidad (por ejemplo, al abrirse la puerta), o buscar constantemente la aprobación del marido, puede resultar un indicio. En relación con la actitud de él, también puede serlo el hecho de que se muestre muy controlador, que dificulte la posibilidad de hablar a solas con la mujer o que se muestre por el contrario despreocupado y despectivo.

Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de mujeres están dispuestas a revelar el maltrato
Pero para la detección de un caso de violencia doméstica, recomienda el consenso de la SEGO a sus especialistas, lo fundamental es preguntar y hacerlo sin miedo, porque contrariamente a la creencia popular, la mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el maltrato cuando se les pregunta en forma directa y no valorativa, y muchas están esperando silenciosamente que alguien les pregunte. Preguntas tales como ‘¿cómo van las cosas por casa?’ o ‘¿qué tal van las cosas con su pareja?’, pueden ser útiles para ello, así como transmitir empatía y respeto con el lenguaje no verbal y sobre todo escuchar, que constituye, en sí mismo, un acto terapéutico, pues la consulta puede resultar el único espacio que tiene la mujer para hablar de lo que le pasa.

Una vez detectado un posible caso de violencia de género, es fundamental, dice el consenso de SEGO, asegurar un tiempo y espacio que garantice la confidencialidad, evitando las interrupciones, así como garantizar que en ningún momento la pareja sepa que la víctima ha revelado su situación.

SEGO recuerda a todos sus profesionales que el personal sanitario tiene la obligación legal de comunicar el maltrato a las autoridades judiciales mediante el parte de lesiones e informe médico, lo que es fundamental para poner en marcha las medidas legales dirigidas a la protección de la mujer, y es además, a veces, el único instrumento con el que cuentan los juzgados, la única prueba de un posible delito. ‘Por ello, debe tomarse el tiempo necesario para su cumplimiento, describiendo exhaustivamente todas las lesiones, y, si es necesario, con la autorización de la mujer, realizando fotografías para que quede constancia de ellas’, se apunta en el documento.

Según el consenso, una de las situaciones de mayor dificultad ocurre cuando las mujeres manifiestan el deseo de no denunciar, pues esa situación coloca a los profesionales ante la disyuntiva de cumplir con el deber de comunicar un delito a expensas de quebrar el respeto a la autonomía de las mujeres, así como su derecho a la confidencialidad. No obstante, a este respecto, se subraya que la salvaguarda de la confidencialidad no es una obligación absoluta, por lo que ‘debe revelarse el secreto médico ante la sospecha de un delito, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la justicia’. Finalmente, la guía recomienda la comunicación a la Fiscalía como ‘un recurso útil en aquellos casos en los que el personal sanitario tenga sospechas de un caso de violencia de género, pero no certeza suficiente como para emitir un parte de lesiones’.

Incremento sostenido de la incidencia de delitos sexuales
Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), publicados en 2010, un 25% de las mujeres de cualquier edad y hasta un 33% de las adolescentes han sido víctimas de violencia sexual, sobre todo por parte de su compañero sentimental. En España, los datos oficiales muestran un incremento sostenido de la incidencia de los delitos sexuales, que se han casi duplicado en los últimos seis años, de los 8.923 de 2013 a los 15.319 de 2019, si bien se estima que el número de casos reales es mucho mayor, pues hasta el 30% de las víctimas no llega a consultar o denunciar, por vergüenza o temor a ser culpadas por el entorno social, así como por miedo a represalias. El 85% de las víctimas son mujeres y hasta en el 50% de los casos las víctimas son menores de edad.

El consenso de la SEGO ofrece a los especialistas información sobre las consecuencias de la agresión sexual para la salud de la mujer, así como sobre los factores de riesgo. Uno de los principales es la edad, pues entre las menores y las mujeres entre 18 y 30 años se concentra el 75% de las víctimas. Pero sobre todo detalla cómo debe ser la atención en urgencias a la mujer víctima de una agresión sexual, estableciendo pautas para la actuación profesional del ginecólogo y advirtiendo a los especialistas del incremento de la violencia sexual precedida de sumisión o vulnerabilidad química y cómo detectarla.

Este tipo de casos de sumisión química (definidos como la administración de sustancias psicoactivas con fines delictivos o criminales, principalmente de tipo sexual) viene creciendo en los últimos años de forma preocupante, estimándose que representan hasta el 30% de las agresiones sexuales, si bien apenas se denuncia un 20% de ellos. ‘Se debe sospechar en víctimas que recuerden encontrarse en un lugar público tras lo cual presentan amnesia de varias horas de duración. Frecuentemente relatan algún hecho extraño como haber aparecido desnudas, con ropa desarreglada, en un lugar o con alguna/s persona/s desconocida/s, con fluidos por el cuerpo y objetos inexplicados o con lesiones orales, anales o genitales que no recuerdan presentar previamente’, describe el documento, que establece las obligaciones y recomendaciones que deben presidir la actuación profesional del ginecólogo en la atención de urgencia a las víctimas y en la fase postcrítica.

En su conclusión, la guía de SEGO apuesta por la sensibilización y la formación continuada de los especialistas en Obstetricia y Ginecología para mejorar la detección y atención a la violencia de género en el ámbito de la atención a la salud sexual y reproductiva, formación que debe abarcar tanto una capacitación en los aspectos legales y comunicativos como una comprensión integral del ciclo de la violencia de género y un entrenamiento en la capacidad para detectar sus signos y síntomas.

La SEGO opina sobre la denominada ‘violencia obstétrica’

En relación con los mensajes que en general se vienen lanzando sobre la denominada ‘violencia obstétrica’, y las iniciativas para su consideración como una forma de violencia de género, desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) se manifiesta mediante un comunicado que ‘las y los especialistas en Obstetricia y Ginecología trabajamos intensamente por mejorar la atención que las mujeres reciben durante su proceso de embarazo y parto, investigando y estableciendo la mejor evidencia científica para todos los casos, publicando y difundiendo consensos con las recomendaciones basadas en esa evidencia y desarrollando la mejor formación orientada a ese objetivo’.

‘Fruto de ese esfuerzo común -se indica en el comunicado-, la práctica profesional ha evolucionado hacia los indicadores y objetivos consensuados por el Ministerio de Sanidad para la atención perinatal en España, indicadores y objetivos en los que las autoridades sanitarias han trabajado con nuestra decidida implicación y colaboración junto a otros colectivos profesionales y con la colaboración de asociaciones de mujeres que trabajaron en la elaboración de la Guía de Atención del Parto Normal. En este sentido, es preciso señalar que, aunque aún queda mucho margen de mejora, la práctica asistencial de atención al embarazo y al parto ha avanzado muy favorablemente en nuestro país y se están consiguiendo muchos de los objetivos propuestos en la Estrategia de Atención al parto normal’.

Según la nota, ‘como queda establecido de forma explícita en nuestras guías y consensos, rechazamos la normalización de prácticas como las cesáreas o las episiotomías. Debemos subrayar, no obstante, que en la actualidad no existe un “empleo institucionalizado” de esas prácticas. Muy al contrario, están en claro descenso en nuestros hospitales, se dan ya en menos del 30% de los partos y en la mayoría de los casos en los que se producen su uso está justificado por la evidencia científica: es decir, la práctica profesional inadecuada sería no recurrir a ellas’.

Para los/las ginecólogos/as, la investigación científica y la formación 'representan la mejor vía para el perfeccionamiento de una práctica asistencial, que ya es excelente en la mayoría de los casos. Y que nada ayuda a esa mejora la utilización y tipificación penal del concepto de ‘violencia obstétrica’ que promueve, además, la idea de un enfrentamiento entre las mujeres y los profesionales que es contraria a los lazos de confianza y cercanía que preside habitualmente las relaciones entre ambas partes’, sostienen desde la SEGO.

A juicio de esta organización médica, ‘la inclusión de todas estas prácticas en el marco de la violencia de género es sencillamente ilógica, desde el momento en el que se considera que la mayoría de los profesionales que ejercemos esta especialidad somos mujeres. No podemos banalizar de esta forma la violencia de género, que es muy grave, como bien podemos atestiguar en nuestras consultas de ginecología’. ‘La tipificación penal de un concepto como la violencia obstétrica, en el que se encuadran posibles delitos tan diferentes como una injuria, una coacción, una broma repulsiva, un abuso sexual, una episiotomía, una maniobra de Kristeller o una cesárea, sitúa a los profesionales en un territorio de inseguridad y desprotección jurídica insoportable. Por resumirlo, esta tipificación penal expone a los profesionales al riesgo de acabar condenados por una decisión médica o por una interpretación subjetiva. Y al absurdo de que un o una profesional sanitario/a pueda acabar respondiendo ante los tribunales por un delito penal de violencia machista contra una mujer por una práctica profesional de urgencia con la que quizás haya salvado su vida o la de su bebé’.