Redacción Farmacosalud.com

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) informa que ha entrado en vigor en España un Real Decreto cuya aplicación estricta impide a las farmacias poder adelantar medicamentos a las residencias de personas mayores, disposición que -aseguran desde AESTE- ‘atenta contra el derecho’ de los ancianos a ‘acceder a su medicación’ en condiciones de normalidad. De acuerdo con Josune Méndez, secretaria general de dicha Asociación, este asunto ha llegado ya a tribunales mediante la petición de cautelarísimas, que es una medida provisional adoptada por circunstancias de especial urgencia y sin oír a la parte contraria: “el día 30 de octubre fueron solicitadas cautelarísimas, siendo denegada su adopción. En este sentido, fue tramitada directamente la petición de medidas cautelares por el cauce ordinario… de modo que estamos a la espera”.

En 2019 el Gobierno español publicó una transposición del Reglamento Europeo en el que se determinaba que la adquisición de un medicamento sólo podía tener lugar desbloqueando el identificador único de dicho fármaco, lo que anula la posibilidad de dispensarlo y entregar posteriormente la receta correspondiente de la Seguridad Social, apuntan desde AESTE. La nueva normativa busca unificar procesos de seguridad para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal.

Revisión del sistema
“Desconocemos el alcance real de esta problemática que se quiere solventar, es decir, la falsificación de medicamentos, pero, en cualquier caso, nuestras reticencias no tienen que ver tanto con el desarrollo del Reglamento Europeo como con las consecuencias que pueda acarrear su aplicación en España para las residencias y, más en concreto, para las personas mayores que viven en residencias”, comenta Méndez en declaraciones a www.farmacosalud.com.

“A nosotros siempre nos parecerá bien que se establezcan los mecanismos necesarios para evitar la falsificación de fármacos, y por ello consideramos totalmente imprescindible controlar su trazabilidad. Sin embargo, este hecho no debe ir nunca en detrimento de los derechos de las personas mayores y mucho menos en detrimento de su seguridad y salud. En este sentido, si en España con el sistema actual existen dificultades para implantar correctamente la normativa europea en lo tocante a la dispensación de medicamentos en residencias, será necesario -bajo nuestro punto de vista-, revisar el sistema que tenemos para que la puesta en práctica con todas las garantías de la normativa sea compatible con los derechos de los usuarios de tales centros y con la labor de las farmacias”, agrega.

La UE contempló la excepcionalidad de las residencias para mayores
No obstante, hay que puntualizar que, en vista de las múltiples particularidades que existen tanto en la adquisición como en el consumo de fármacos, la Unión Europea (UE) otorgó carácter de excepcionalidad a una serie de entidades e instituciones -entre las que se encuentran las residencias de ancianos- con el fin de ‘dar cabida a las características específicas de la cadena de suministro de los Estados miembros’. Aun así, sostienen desde AESTE, la transposición de la norma en España modifica esta singularidad y, de esta manera, deja fuera de la flexibilidad farmacológica a los geriátricos.

“Esta excepcionalidad no es de aplicación en España en todos los casos porque hace referencia a que un mayorista puede verificar los dispositivos de seguridad y desactivar el identificador único de un medicamento antes de suministrarlo a una residencia. En España, en la mayoría de las CCAA (comunidades autónomas), el medicamento no se suministra directamente a las residencias a través de sistemas de farmacia hospitalaria, sino que la distribución se realiza a través de las oficinas de farmacia. Este es el motivo por el que no sería de aplicación”, explica Méndez.

La dispensación tradicional buscaba agilizar la resolución farmacológica de las urgencias
El caso es que la exclusión de los geriátricos de la singularidad reconocida por la UE comporta que la nueva norma resulte incompatible con el funcionamiento tradicional de la dispensación de medicamentos para estos centros, precisan las mismas fuentes. Hasta ahora, las farmacias adelantaban a las residencias los fármacos necesarios con la receta expedida por el médico del centro para hacer frente a las urgencias (que en una residencia son parte del día a día de los cuidados), y posteriormente el médico de Atención Primaria aportaba las recetas correspondientes para que el paciente no tuviera que hacer frente al pago del fármaco.

De hecho, todo este procedimiento tenía como objetivo poder afrontar las urgencias en los centros residenciales sin saturar ni la Atención Primaria ni los hospitales. Ello permitía que se atendiera con rapidez a los residentes y, a la vez, se posibilitaba que su medicación quedara cubierta por la Seguridad Social, que es algo a lo que estas personas tienen derecho.

“No puede ser nunca una opción esperar más de 20 días para acceder a un medicamento”
Con la entrada en vigor del Real Decreto, los ancianos que viven en esos centros sólo podrán acceder al momento a la medicación que necesiten con una receta del médico del centro, por lo que tendrán que pagar el coste total del medicamento, sin que haya posibilidad de que a posteriori sea cubierto por la Seguridad Social, indican desde AESTE. Y es que la única manera que tendrán los residentes de acceder a los tratamientos financiados será compareciendo de manera presencial en los centros de Atención Primaria o en las Urgencias, lo que a la postre puede suponer agravar la saturación del Sistema Nacional de Salud (SNS), vienen a decir desde la mencionada Asociación. La experta insiste en esta alternativa: "consistiría en que cada vez que se necesitara un medicamento con receta se acudiera con los residentes al SNS, algo que no haría más que contribuir al colapso del sistema. Lo que no puede ser nunca una opción es esperar más de 20 días para acceder a un medicamento, ya que es algo que supondría un riesgo vital para los residentes”.

En definitiva -remarca Méndez-, que la trasposición española del Reglamento Europeo puede causar problemas a los residentes de los geriátricos “a la hora de acceder de manera financiada a cualquier medicamento que requiera de receta médica. Muy especialmente a los fármacos de enfermedades agudas o situaciones de urgencia, en cuyo caso se necesita el medicamento de manera inmediata y no es posible esperar a la receta correspondiente por parte del médico del SNS”.

Así las cosas, la norma española afecta a todos los usuarios de residencias “que no pueden disponer de manera inmediata de una receta emitida por el médico de Atención Primaria. El problema se puede dar si las farmacias dejan de dispensar el medicamento con la prescripción del médico de la residencia, a la espera de recibir la receta por parte del médico de Atención Primaria. En ese supuesto -reitera Méndez-, el usuario de la residencia, en caso de precisar un medicamento con celeridad, podría tener que abonarlo para poder recibirlo al momento, vulnerándose así su derecho a recibir el fármaco de manera financiada, o bien podría acudir directamente al Sistema Nacional de Salud, lo que contribuiría claramente a la saturación asistencial”.

“Nuestra única intención -prosigue la secretaria general de AESTE- es evitar que haya una vulneración de derechos de las personas mayores, que se puede dar en caso de que las farmacias, a raíz de la implantación de la normativa europea, dejen de dispensar medicamentos a residencias a pesar de tener la prescripción de fármacos por parte de los médicos de los centros. Además, queremos poner de manifiesto las debilidades del sistema actual de coordinación sociosanitaria detectadas en nuestro país, que han quedado patentes al abordar esta cuestión”.

“Todos los agentes implicados debemos trabajar de manera conjunta con el objetivo de que, cumpliendo la normativa europea sobre prevención de la falsificación de medicamentos, y con la necesaria seguridad jurídica para las farmacias, pueda garantizarse el derecho de todos los mayores que viven en residencias al acceso financiado de los medicamentos, exactamente igual que ocurre con cualquier persona de edad avanzada que vive en su casa”, concluye.