Redacción Farmacosalud.com
Un novedoso programa liderado por farmacéuticos de Atención Primaria ha permitido dejar de prescribir (de-prescribir) hasta un 30% de psicofármacos en personas con demencia internadas en centros sociosanitarios, tras comprobarse mediante una serie de baremos que ya no necesitaban recibir tal medicación. Con todo, esta suspensión farmacológica no es definitiva, ya que, según comenta Mireia Massot, farmacéutica del Servei d'Atenció Primària Barcelona [Servicio de Atención Primaria] Vallès Occidental de Barcelona, hay que comprobar sobre la marcha si se dan las condiciones para el mantenimiento de la medida: “Por supuesto que se puede volver a prescribir, ya sea por reaparición de los síntomas a lo largo del tiempo o por aparición de un nuevo síntoma psicológico conductual relacionado con la demencia. Los requisitos serían la revisión de la adecuación de esta prescripción una vez estabilizado el nuevo síntoma por el que se ha prescrito”.
Massot es la autora principal de este estudio sobre de-prescripción farmacológica, que se llevó a cabo en Arenys de Mar (Barcelona) y que se ha presentado en el 25º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), cuya celebración ha tenido lugar recientemente en Jerez de la Frontera (Cádiz). El nuevo trabajo ha servido para destacar la importancia de la labor desarrollada por estos profesionales dentro de los equipos multidisciplinares que trabajan para conseguir un uso racional de los medicamentos entre la población y, más en concreto, entre la población institucionalizada en centros sociosanitarios.
Una valoración de 360º
El programa partió de la creación, por parte de los servicios de Neurología, Psicogeriatría y Geriatría del Hospital de Mataró (Barcelona), conjuntamente con médicos y farmacéuticos de AP, de una guía farmacoterapéutica sobre tratamiento farmacológico en los trastornos de conducta relacionados con la demencia. Con ese documento como base, el médico de familia y el farmacéutico de AP concertaron una entrevista con el médico y la enfermera de cada residencia de la zona para llevar a cabo de manera conjunta una revisión de la medicación de los pacientes institucionalizados. En dicho análisis se puso especial énfasis en los aspectos tratados en la guía, haciendo una revisión de la medicación centrada en el paciente y realizando una valoración de 360º en la que se evaluaba la fragilidad, la comorbilidad y si el síntoma por el que se les había sido prescrito un medicamento continuaba o, por el contrario, las personas internadas estaban estabilizadas y se podía considerar la de-prescripción.
Para evaluar la fragilidad se recurrió a un procedimiento de valoración geriátrica integral, que consta de varios test y escalas como el índice de Barthel, el test de Pfeiffer, el mini-mental, la presencia de síndromes geriátricos o el Global Dementia Scale (GDS). En cuanto a la influencia de las comorbilidades a la hora de valorar la suspensión de la toma del psicofármaco, básicamente “la presencia de patologías mentales severas como la esquizofrenia o trastornos de la personalidad, entre otros, hacía que no se planteara la modificación de la prescripción de este psicofármaco, pero en caso de ausencia de una comorbilidad psiquiátrica, se procedía a la valoración de la adecuación de este medicamento y considerar la continuidad del tratamiento o no”, explica Massot en declaraciones a www.farmacosalud.com.
Descenso del gasto asociado a planes terapéuticos
“El número de psicofármacos consumido se redujo considerablemente en alrededor de un 30%, de 2,71 de media por paciente a 2,01 a los seis meses de la intervención. Esa reducción fue general en todos los psicofármacos, pero especialmente significativa en el caso de los antipsicóticos, donde alcanzó casi el 50%”, detalla mediante un comunicado la experta. “Cuando iniciamos el estudio no teníamos previsión del impacto de la intervención; conocíamos la prevalencia de prescripción de psicofármacos en pacientes institucionalizados con demencia, que era muy alta, pero no la prevalencia de inadecuación de estos medicamentos”, agrega.
La disminución medicamentosa también se tradujo en un importante descenso del gasto asociado a los planes terapéuticos: “Los costes relacionados con los medicamentos antes de iniciar la intervención se situaban en una media de 2.265,68 €/mes (euros) por paciente. Un mes después de iniciado el trabajo, esos costes ya habían descendido a 1.720,77 €, situándose en 1.539,90€ a los seis meses, lo que supone una reducción de más de 700 €/mes por paciente”.
Los grandes beneficiados en último término fueron las propias personas ingresadas. No en vano, señala la farmacéutica del Servicio de AP Vallès Occidental, hay estudios que demuestran que los antipsicóticos utilizados a largo plazo en personas con demencia aumentan la mortalidad, y que la prescripción de muchos psicofármacos en estos sujetos también incrementa el riesgo de que empeoren los síntomas de su demencia. “En nuestro caso hablamos de pacientes de una edad muy avanzada, de alrededor de 85 años de media, por lo que la reducción de la mortalidad es difícil de medir a 10 años, así que el beneficio de de-prescribir los psicofármacos se ve sobre todo en la reducción de los efectos secundarios asociados a estos medicamentos”, refiere Massot.
Para la especialista, el hecho de que el consumo de psicofármacos, sobre todo de los antipsicóticos, se cronifique en este tipo de individuos institucionalizados se debe a que muchas veces se asocian de forman errónea los trastornos de conducta de la demencia con un trastorno mental. “Todo el mundo entiende que un antibiótico o un antiinflamatorio se toma por un corto periodo de tiempo, pero un antipsicótico se suele asociar a un tratamiento a largo plazo. Pero claro, cuando hablamos de un trastorno de la conducta este tratamiento debería ser por un periodo limitado en el tiempo. Si a los tres meses el síntoma está estabilizado, se debería tratar de de-prescribir, precisamente porque es un síntoma, no se está tratando un trastorno mental, pero esa confusión hace que muchas veces se cronifiquen estos tratamientos”, especifica Massot.
De-prescribir medicación “no es un tratamiento”
A su juicio, los resultados del novedoso programa han demostrado que la participación del farmacéutico de AP “es coste-efectiva" y aporta "beneficios para el paciente y el sistema”, por lo que esta acción se podría replicar en otras Comunidades Autónomas. “El problema es el de siempre: los recursos; tiene que haber farmacéuticos de primaria para hacerlo. En mi zona somos dos farmacéuticos de Primaria y tenemos a alrededor de 4.000 pacientes en residencias. Al final es un tema de invertir en recursos y nosotras hemos demostrado que invertir en la figura del farmacéutico de AP ayuda a la sostenibilidad del sistema”, remarca.
Massot, asimismo, quiere dejar muy claro que de-prescribir medicación no es un tratamiento: “no, no es un tratamiento. De hecho, la intervención consistió en revisar la medicación centrada en el paciente valorando diferentes aspectos de los medicamentos en base a las patologías del enfermo y su estado de fragilidad. La de-prescripción es el acto de suspender una medicación cuando no se considera adecuada para el paciente teniendo en cuenta sus patologías y estado de fragilidad”.